La Red de Colegios de Periodistas lamenta la decisión del Gobierno de excluir a los profesionales de la información del diseño e implementación de su estrategia contra la desinformación.

La Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 1030/2020 por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional (BOE del 5 de noviembre de 2020), nunca debió publicarse sin haber recabado antes la opinión de los profesionales de la información, cuya representación legal corresponde a los Colegios de Periodistas en su condición de corporaciones de Derecho Público.

No existe una estrategia viable de lucha contra la desinformación sin los periodistas. Por esa razón cualquier intento de poner freno a la práctica, cada vez más habitual, de difundir “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”, debe atender, entre otras, las siguientes propuestas de los Colegios de Periodistas:

– Avanzar en la defensa de la profesión periodística, dotándola de instrumentos de autorregulación y de una protección específica. Resulta inadmisible que la creación del Consejo General de Periodistas no se haya llevado todavía a cabo, incumpliendo la legislación básica en materia de Colegios Profesionales, lo que constituye una verdadera anomalía democrática.

– Implantar en el sistema educativo estrategias para que las nuevas generaciones adquieran el hábito de consumir información de los medios de comunicación, lo que fomentará su pensamiento crítico y les datará de herramientas para poder detectar y combatir la desinformación.

La Red de Colegios de Periodistas considera inaceptable que la Orden 1030/2020 no reconozca a los periodistas y a las corporaciones de derecho público que les representan el “papel esencial en la lucha contra la desinformación, con acciones como la identificación y no contribución a su difusión, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación” que sí atribuye a “los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general”.

Tampoco es un buen punto de partida haber excluido a los Colegios de Periodistas, en su condición de corporaciones de derecho público, de la relación de “expertos” que la Comisión Permanente contra la desinformación podrá convocar “en función de la naturaleza de los asuntos que se traten”, tal y como establece el Anexo II de la citada Orden.

Asimismo, los Colegios Profesionales de Periodistas consideran que, antes de proceder a la publicación en el BOE de una iniciativa así, habría sido más adecuado haber recabado la opinión previa de los profesionales, a través de sus órganos de representación, más aún cuando esta medida se presenta como una actuación enmarcada en el ámbito de la mayor transparencia pública. Instamos, en consecuencia, al Gobierno de España a actuar de acuerdo a esos principios y a no obviar el papel que a los Colegios Profesionales les corresponde ejercer, de acuerdo a su ámbito normativo y competencial.