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La Red de Colegios Profesionales de Periodistas lamenta el recurso del Gobierno contra la indemnización a la familia Couso y le insta a garantizar la seguridad de los periodistas de guerra

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas lamenta profundamente el paso atrás que supone la decisión del Gobierno español de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al Estado a pagar una indemnización a la familia de José Couso por omitir su deber y no haber prestado ayuda diplomática ni para el reconocimiento del carácter ilícito del ataque al Hotel Palestine en 2003 ni para la reparación de sus consecuencias.

Como recordábamos en el momento de producirse el fallo de la Audiencia Nacional, esta sentencia significaba “la primera admisión oficial de la indefensión de la familia Couso y el reconocimiento de la inacción de la Administración ante el asesinato del periodista gallego”, pero no podía significar “ni el olvido de este crimen de guerra ni el abandono de la lucha por que se haga justicia y tenga reparación”. El recurso del Gobierno significa un nuevo obstáculo en un proceso que ya ha durado demasiados años.

Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, aseguraba ayer que asumir la indemnización ordenada por la Audiencia Nacional significaría un precedente “inasumible” para el Estado. La Red de Colegios Profesionales de Periodistas considera que lo verdaderamente inasumible es que, después de 17 largos años, el asesinato de José Couso continúe impune y que la investigación de este crimen siga estando llena de estorbos y pasos atrás que lo único que hacen es impedir que se haga justicia.

La lucha por la resolución y reparación del caso Couso significa mucho más que la justicia para el asesinato del cámara ferrolano. Su reconocimiento representa un primer paso para la seguridad de todos los periodistas en conflictos armados, sea con protocolos para su protección o sea garantizando que los ataques a los informadores no queden impunes. Y esta seguridad, imprescindible para la libertad de información, debería ser una prioridad para cualquier gobierno democrático.

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