Carta abierta de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas a la sociedad española, a sus instituciones, a las autoridades europeas y, en general, a organismos y entidades profesionales, sociales y ciudadanas para que defiendan de una forma más decidida las libertades de expresión, opinión e información, la necesidad de transparencia y celeridad en el ejercicio del poder y desempeño de la Justicia con respecto a Pablo González.

A Pablo González, periodista vasco-ruso encarcelado desde hace un año en Polonia se le han cuestionado su acreditación y documentos, sus movimientos y contactos a la hora de cubrir la guerra…, sin juicio y sin que, hasta el momento, se haya presentado prueba alguna.

Pablo González, experto en el espacio postsoviético ha estudiado lenguas eslavas en la Universidad de Barcelona y realizado el máster del Correo sobre Periodismo Multimedia. Trabaja como freelance para diferentes medios españoles y, bajo la acusación de ser un espía ruso, permanece encarcelado víctima de una maraña y dificultades derivadas del confuso y poco transparente laberinto burocrático-judicial polaco.
El régimen de encarcelación y aislamiento que se le está aplicando vulnera la libertad de prensa y los derechos más básicos de las personas detenidas que están recogidos en diferentes normas y tratados de la Unión Europea y de las Naciones Unidas.

Después de un año, sin una intervención clara y decidida por parte del gobierno español, sólo filtraciones por detrás para desactivar el pronunciamiento de medios y periodistas, Pablo continúa en prisión preventiva, incomunicado 23 horas al día, sometido a un régimen carcelario durísimo sin que, hasta el momento, se le haya permitido el contacto telefónico con sus tres hijos o familia, sufriendo desde el principio todas las trabas y dificultades que hacen más difícil y delicada su situación. Mas allá del drama personal y familiar, lo que está ocurriendo con Pablo González y se le está permitiendo al gobierno de Polonia, supone un grave precedente para el libre ejercicio de nuestra profesión a la vez que un claro desamparo legal.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas considera que el gobierno español no está obrando con la celeridad y contundencia que debería y que diplomáticamente despliega en otros casos.  Este grave precedente alerta a toda la comunidad periodística y representa una falla democrática en suelo europeo, una falla que, incluso en un contexto de guerra, deberíamos combatir decididamente y sin complejos.
Conviene recordar que Polonia es un país donde los valores democráticos fundamentales no están profundamente arraigados en la conciencia política de gran parte de su sociedad; sufre una decadente calidad de su democracia y, por tanto, ha caído en el ranking de los Estados de Derecho.

Según la clasificación internacional de la democracia (países miembros de la OCDE y de la UE), elaborado por expertos de la Fundación Bartelsmann, en los últimos tiempos, Polonia ha caído 29 puestos, hasta el número 37 de un total de 41 países incluidos en el ranking. El principal motivo de esa caída es un importante deterioro del Estado de Derecho, incluidas las restricciones que sufre la independencia de la justicia. Pero el informe destaca también el control partidista de los medios de comunicación pública, las restricciones que sufren la libertad de reunión, una creciente brutalidad de la policía, los intentos de controlar a las ONG, así como los cambios en la Ley electoral.

Por todo esto, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, formada por colegios profesionales legalmente constituidos en los Parlamentos autonómicos para la defensa y representación de la profesión, exige una respuesta e intervención clara, decidida, inmediata y valiente del gobierno español ante Polonia y ante la opinión pública española.

En contextos de incertidumbre y conflicto armado urge más que nunca la defensa de la democracia, el periodismo y los derechos humanos que exigimos se apliquen en el caso de Pablo González. Pedimos a todas las instituciones implicadas que hagan un esfuerzo por su liberación para garantizar que tenga un proceso judicial justo. Asimismo, reiteramos la necesidad de que, en cualquier circunstancia o emergencia, se deje trabajar a los medios de comunicación y periodistas con libertad, seguridad y plena garantía. La guerra no puede ser excusa para cercenar la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a la información y la libertad de movimiento de los periodistas a la hora de cubrir lo que está sucediendo.