La Red de Colegios Profesionales de Periodistas de España se dirige a todas las candidaturas que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre con representación parlamentaria o posibilidades de obtenerla. La disolución de las Cortes ha dejado sin aprobar las leyes que debían proteger a los periodistas y adaptar España al Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Pedimos a los partidos que se comprometan a sacarlas adelante en la próxima legislatura.

Una democracia se mide también por la calidad de la información que reciben sus ciudadanos. El periodismo profesional verifica, contrasta y rinde cuentas. Sin él, el debate público queda en manos de la propaganda, la desinformación y los intereses del que más grita.

Los periodistas no pedimos privilegios. Reclamamos las condiciones para hacer nuestro trabajo: proteger a nuestras fuentes, acceder a la información pública, preguntar sin miedo y vivir dignamente de nuestro oficio. Pero esas condiciones no dependen solo de nosotros sino de las leyes que aprueban los partidos y de cómo se comportan sus dirigentes con la prensa.

La campaña es una prueba. Los partidos que piden la confianza de la ciudadanía deben demostrar ya, con hechos, que respetan el derecho a la información.

1. Un Consejo General de Colegios de Periodistas

La profesión periodística carece de una representación corporativa de ámbito estatal. Los colegios autonómicos llevamos años reclamando un Consejo General que coordine nuestra labor y sea interlocutor ante las Cortes y el Gobierno. Su creación requiere una ley estatal.

Esa ausencia tiene consecuencias. Cuando el Gobierno preparó la ley orgánica de secreto profesional, la negoció con asociaciones y sindicatos, pero los colegios profesionales quedamos fuera.

Pedimos:

• Que la ley de creación del Consejo General de Colegios de Periodistas se tramite en el primer año de la legislatura.
• Que los colegios sean consultados en toda norma que afecte al ejercicio del periodismo, junto a asociaciones y sindicatos.
• Que el Consejo tenga un papel en la autorregulación deontológica.

2. Cumplir el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA)

El Reglamento (UE) 2024/1083 se aplica en su mayor parte desde el 8 de agosto de 2025. Es de aplicación directa y obliga ya a las administraciones y a los medios. Pero más de un año después España sigue sin las leyes necesarias para hacerlo efectivo, y la CNMC carece de la habilitación legal y los medios para actuar como autoridad reguladora.

El Gobierno aprobó el 29 de julio de 2025 el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación. Creaba un registro estatal de medios en la CNMC, con registros autonómicos coordinados, y ampliaba la Ley General de Comunicación Audiovisual a la prensa.

Ese proyecto ha decaído con la disolución. La CNMC ya ha advertido de que Bruselas puede abrir en cualquier momento un procedimiento de infracción contra España. Hay precedente: en 2025 la Comisión llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no dotar a la CNMC de poderes para aplicar el Reglamento de Servicios Digitales.

El EMFA no se agota en un registro. Exige garantías concretas que siguen pendientes:

• Protección de las fuentes y prohibición de programas espía contra periodistas (art. 4)
• Una ley orgánica de secreto profesional y límites claros a la vigilancia
• Independencia de los medios públicos (art. 5)
• Nombramientos por mérito, gestión profesional y financiación estable y plurianual en RTVE y en los medios públicos autonómicos
• Transparencia sobre la propiedad de los medios (art. 6)
• Registro público y accesible, también para prensa y medios digitales
• Regulador independiente con recursos (art. 7)
• Habilitación legal y presupuesto para la CNMC
• Protección frente a retiradas arbitrarias en grandes plataformas (art. 18)
• Mecanismo operativo para que los medios se acojan a él
• Evaluación de las concentraciones con criterios de pluralismo (art. 22)
• Procedimiento legal de evaluación previa
• Medición de audiencias transparente e imparcial (art. 24)
• Supervisión de las empresas de medición, de las que depende el reparto de publicidad
• Reparto de publicidad institucional con criterios públicos, objetivos y no discriminatorios (art. 25)
• Reforma de la Ley de Publicidad Institucional de 2005 e información anual del gasto
• Las comunidades autónomas también están obligadas. Sus medios públicos y su publicidad institucional deben cumplir el reglamento, y ninguna ha adaptado aún su normativa de forma integral.

Pedimos:

• Que el nuevo Gobierno remita en sus primeros tres meses un proyecto de ley de adaptación completa al EMFA, que incluya las garantías sustantivas y no solo el registro.
• Que la CNMC reciba la habilitación y los recursos necesarios para ejercer como autoridad independiente.
• Que la gobernanza de RTVE garantice nombramientos con mayorías amplias y criterios profesionales, y una financiación que no dependa de la negociación política anual.
• Que los gobiernos autonómicos adapten sin más demora sus medios públicos y su publicidad institucional al reglamento.

3. El Plan de Acción por la Democracia: lo que quedó a medias

Con la disolución, las medidas que dependían de una ley y no se aprobaron han decaído o ni siquiera llegaron a las Cortes.  Entre ellas la nueva ley de derecho de rectificación, la nueva ley de protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen, la transposición de la directiva anti-SLAPP (UE) 2024/1069, la reforma de la  Ley de Secretos Oficiales de 1968, las adaptaciones relativas a la obligatoriedad de los debates electorales y la publicación de microdatos de encuestas, la reforma del Código Penal sobre delitos de expresión o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para no sancionar a informadores.

Algunas de estas iniciativas suscitaron críticas de la profesión, que deben corregirse cuando vuelvan a tramitarse.

Pedimos:

• Que todas las candidaturas digan si recuperarán cada una de estas normas y con qué calendario.
• Que los textos se recuperen con participación real de colegios, asociaciones y sindicatos, y corrigiendo las deficiencias señaladas.
• Que la ley de información clasificada excluya expresamente de sanción a los periodistas que publiquen información de interés pú

4. Las leyes que protegen el trabajo periodístico

Ningún periodista debería tener que elegir entre informar y protegerse. Estas reformas buscan que el trabajo periodístico deje de estar expuesto a la incautación de sus fuentes, a la vigilancia, a sanciones por grabar a la policía, a demandas pensadas para agotar y silenciar, o a una opacidad administrativa que convierte el silencio en respuesta. No pedimos inmunidad ni privilegios. Pedimos garantías legales claras y proporcionadas, bajo control judicial, para que el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz no dependa de la capacidad de cada periodista para resistir presiones.

Pedimos:

• Secreto profesional. Una ley orgánica que proteja la identidad de las fuentes, los dispositivos y los archivos, con excepciones tasadas y siempre bajo control judicial. Debe incluir la prohibición de programas espía contra periodistas.
• Seguridad Ciudadana. Que ningún informador sea sancionado por grabar o difundir actuaciones policiales en el ejercicio de su trabajo.
• Demandas abusivas. La transposición inmediata de la directiva anti-SLAPP, ya fuera de plazo, y su extensión a los procedimientos nacionales, como recomienda la Comisión Europea.
• Transparencia. Una reforma de la Ley 19/2013 que reconozca el acceso a la información como derecho fundamental y acabe con el silencio administrativo como respuesta.
• Delitos de opinión. La revisión de los delitos de injurias y calumnias para que no se usen como herramienta de presión contra la prensa.
• Rectificación y honor. Que las nuevas leyes protejan a las personas sin convertirse en vías de presión sobre los medios.

5. Compromisos para esta campaña

Estas peticiones no requieren ninguna ley. Dependen solo de la voluntad de los partidos, y pueden cumplirse a partir del 13 de noviembre.

Pedimos a todas las candidaturas:

• Ruedas de prensa con preguntas. Sin comparecencias sin repregunta ni declaraciones a través de pantallas.
• Información propia, no propaganda. Que los actos se abran a la cobertura de los medios y no se sustituyan por señales de vídeo e imágenes producidas por los propios partidos.
• Acreditaciones sin vetos. Acceso a mítines y actos sin discriminar a ningún medio por su línea editorial.
• Medios públicos sin bloques electorales. Que la cobertura informativa en RTVE y en los medios públicos autonómicos responda a criterios profesionales y no al reparto proporcional a los resultados de las elecciones anteriores que fija la Junta Electoral Central.
• Ni un ataque a periodistas. Que ningún candidato, cargo o cuenta oficial señale, insulte o acose a periodistas, y que los partidos desautoricen a quien lo haga. El acoso digital se ceba especialmente con las mujeres periodistas.
• Juego limpio con la tecnología. No difundir desinformación ni contenidos generados con inteligencia artificial que puedan engañar a los votantes, y etiquetar los que se utilicen.
• Debates. Participar en debates electorales abiertos, organizados con criterios periodísticos.

6. Un oficio digno y sostenible

La libertad de información también se defiende con salarios. La precariedad hace a los periodistas más vulnerables a las presiones y empobrece la información que recibe la ciudadanía.

Pedimos:

• Condiciones laborales. Medidas contra los falsos autónomos y las colaboraciones mal pagadas, y tarifas mínimas de referencia para el trabajo a la pieza.
• Periodismo local y de proximidad. Apoyos públicos con criterios objetivos, transparentes y verificables, que no dependan de la publicidad institucional discrecional ni de la afinidad política.
• Medios públicos fuertes. Redacciones profesionales, consejos informativos con capacidad real y estatutos de redacción respetados.
• Plataformas e inteligencia artificial. Una remuneración justa por el uso de contenidos periodísticos en buscadores, redes y sistemas de inteligencia artificial, y transparencia sobre cómo se usan para entrenar modelos.
• Profesionalización de la comunicación institucional. Que los gabinetes de prensa de las administraciones informen con transparencia y no sirvan para filtrar el acceso de los periodistas.

Defender el periodismo no es defender a los periodistas. Es defender el derecho de todos a saber.

Red de Colegios Profesionales de Periodistas de España